Unas 220 millones de mujeres de todo el mundo no pueden acceder a métodos anticonceptivos; la mayoría de ellas en países en vías de desarrollo. Las barreras para conseguir la contracepción, y también información sobre planificación familiar, se han reducido en los últimos 20 años, pero siguen suponiendo un grave problema en los países en vías de desarrollo, según el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (Unfpa), debatido hoy en Estocolmo. Sin embargo, el acceso en los países desarrollados tampoco es total. Alrededor de un 68% de las mujeres españolas –o sus parejas sexuales—utilizan anticonceptivos; en Suecia son más del 75%. Mientras, en países como Sierra Leona –donde la mortalidad materna es una de las mayores del mundo—solo un 8% de las féminas en edad fértil utiliza contracepción.
“Los países deben implantar políticas para mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva. No se pueden sacrificar los derechos sexuales y reproductivos por razones de oportunidad económica o política”, ha reclamado el director de Unfpa, Babatunde Osetimehin. El responsable de Población y Desarrollo de la ONU, junto a parlamentarios de 134 países y organizaciones sociales, revisa estos días en la capital sueca el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Conferencia de El Cairo. Ese texto (CIPD), rubricado hace justo 20 años por 179 líderes mundiales, define los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y establece el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro como una de las prioridades.
La socialista española Carmen Montón también ha advertido sobre la regresión que puede experimentar España con la futura ley del aborto. “Puede ser un tubo de ensayo donde una derecha ultraconservadora experimente cómo perder los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo los derechos de las mujeres. No podemos olvidar que España ha sido un ejemplo de avance en igualdad. Eso se ha perdido y ahora puede ser un ejemplo todavía más claro de retroceso”, ha dicho la diputada, miembro del Intergrupo español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, del que forman parte también Leixuri Arribalaga (PNV) y Lorena Vicioso (ICV-EUIA). “La de España no es una lucha regional, sino global. Un paso atrás significa un paso atrás en el panorama general”, ha afirmado.Hoy, dos décadas después, estos derechos no solo no son plenos, sino que en algunos lugares del mundo están en retroceso. “Ciertos grupos están intentando boicotear la agenda de la ICPD, y algunos Gobiernos están limitando el acceso a los servicios que garantizan los derechos sexuales y reproductivos”, ha alertado la diputada británica Jenny Tongue, presidenta del Foro Parlamentario Europeo en Población y Desarrollo(EPF), que junto a Unfpa organiza el encuentro. Tongue, médico y especialista en planificación familiar, también se ha mostrado preocupada por el anteproyecto de la ley del aborto española, que elimina el derecho de la mujer a decidir interrumpir voluntariamente su embarazo. “Los avances de las mujeres hacia la igualdad perturban las posturas más radicales, posturas que son literalmente anti-mujeres… en el aborto, el acceso a anticonceptivos, la educación sexual... ”, ha comentado Tongue.
seguro”. Abrir el debate sobre el aborto legal es complejo en un foro donde están representados países entre los que existe una brecha enorme en este tema. Pero el caso de España, que modificó en 2010 su ley de supuestos (permitía el aborto solo en tres casos: violación riesgo para la salud de la mujer o malformación fetal) por una en la que la mujer puede interrumpir su gestación sin alegar ninguna causa hasta la semana 14 de gestación (lo que se conoce como una ley del plazos), se ha debatido, y mucho, en los pasillos de la reunión de Estocolmo. España era un ejemplo en el que algunos países, sobre todo de Latinoamérica, se miraban. “En América Latina hay cuatro países en los que el aborto está totalmente prohibido. Tenemos que avanzar en derechos”, recalca Bertha Sanseverino, diputada de Uruguay, un país donde hace dos años se adoptó una ley de plazos, similar a la de la mayoría de los países de la UE.
También el parlamentario chileno Marcos Núñez ha alertado del endurecimiento del discurso de los grupos contrarios a los derechos reproductivos, como reacción a los avances en algunos Estados de Latinoamérica hacia legislaciones más permisivas sobre aborto. En Chile, por ejemplo, donde no está permitida la interrupción voluntaria del embarazo en ningún caso, el Gobierno de Michelle Bachelet hamanifestado su intención de aprobar una nueva ley que la permita por razones de salud.
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