Parece una conexión imposible, pero el titular que acompaña a esta noticia no es ningún error. El Real Decreto que prepara el Ministerio de Industria para fijar la retribución de las fuentes renovables plantea una reducción del 40% en la retribución económica de las plantas de tratamiento de deyecciones ganaderas para producción de electricidad, lo que hace que entren directamente en pérdidas y hace inviable su continuidad. De hecho, el 80% de las 29 plantas que hay actualmente en España ya han paralizado su actividad debido a que, de entrar en vigor la norma, sería efectiva con carácter retroactivo desde julio de 2013.
El cierre de estas instalaciones deja a más de 3.000 explotaciones porcinas sin posibilidad de gestionar parte de los residuos que generan los animales, lo que desencadenaría un brutal desajuste en la viabilidad económica de estas granjas, entre las que también están las explotaciones de cerdo ibérico, según han asegurado en rueda de prensa las principales asociaciones ganaderas de España y la patronal de las plantas de purines (Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines, ADAP).
"Estas plantas llevan 10 años tratando los purines según la normativa. La novedad con la derogación de la normativa vigente desde 2007 es que las condiciones que se pactaron con la administración se han roto", ha afirmado Josep Capdevilla, presidente de ADAP. "Ahora no se está tratando purín. Lo que está en riesgo es la gestión de 2,5 millones de toneladas de purines al año. Y todo por no reconocer la especificidad de las plantas de purines y equipararlas con la cogeneración convencional", ha dicho el presidente de la patronal.
Un impacto brutal en las áreas rurales
Los ganaderos se encuentran ante un callejón sin salida. Por un lado Europa les obliga a gestionar los residuos generados por sus explotaciones animales para evitar contaminación de los acuíferos por nitratos, un problema que está tratando de atajar desde los años 90. Por el otro, una vez que se encontró una vía efectiva para dar un uso a estos residuos contaminantes a la vez que se produce electricidad, el Gobierno impone a las plantas que se ocupan de llevar a cabo esta gestión peajes insuperables que las conducen al cierre y obligan a los productores a buscar otras vías de gestión o a tirar los purines al campo y arriesgarse a recibir un castigo ya que estarían cometiendo un delito ambiental.
"Es una situación muy grave. A partir de mañana, se podrían ver afectadas cerca de 3.000 explotaciones porcinas", según Isidro Villaescusa, responsable nacional del sector porcino de Asaja.
Planta de purines. E. M. Alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas podrían verse afectadas
"Industria se puede olvidar de que estas plantas no sólo generan electricidad sino que también sirven para gestionar los residuos, pero que se olvide Agricultura, cuyo ministro, Miguel Arias Cañete, presume de saber del sector es muy grave", dice Román Santalla, secretario general de UPA. "Queremos una solución mañana".
Según cuenta Jaume Bernís, responsable del sector porcino en COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, los propios afectados en las granjas y dehesas de porcino ya han empezado a preguntar: ¿Y dónde vamos a llevar los purines? "El borrador de la nueva norma deja al sector porcino en una ilegalidad medioambiental", explica Bernís. "Los excedentes de purines tendrán que ir al campo, es el propio Gobierno quien nos deja en una situación de ilegalidad. "No pueden dejar al sector con el culo al aire", dice con enfado. Según explica Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, el impacto de la medida sólo sobre el sector ganadero rondará los 300 millones de euros de pérdidas.
El sector porcino es el principal motor económico de muchas regiones y genera más de dos millones y medio de empleos, de los cuales cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos. El volumen de negocio del sector supera los 6.000 millones de euros y exporta alrededor de 1,5 millones de toneladas carne al exterior.
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